El gobernador Omar Perotti, a través del Decreto Nº 0022 emitido el 18 de enero, instruyó al fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder, a constituirse como querellante en la causa que investiga presunto espionaje ilegal por parte del Ministerio de Seguridad en la gestión de Marcelo Sain.

La norma lleva la firma del rafaelino y de la ministra de Gobierno, Celia Arena, y autoriza a Weder a iniciar “los procedimientos administrativos que legalmente correspondan” en el marco de mencionado expediente.

“Dicha instrucción tiene por objeto precisar, en la faz administrativa, el legal funcionamiento interno del mencionado Ministerio y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder”, agrega el decreto.

Según se precisa en el Decreto, la decisión tiene su fundamento en que «se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la administración pública, por cuanto el Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y así propende su respecto como de los otros poderes estatales, que a la luz de los trascendidos estaría siendo cuestionado».

“Es necesario resguardar el accionar no solo de los poderes estatales involucrados en la causa, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma”, añade la norma.

Espionaje ilegal en Santa Fe

La causa tomó estado público tras los allanamientos llevados adelante en las oficinas del Ministerio de Seguridad, tanto en la capital provincial como en Rosario, los cuales tuvieron lugar a fines de noviembre del año pasado.

El expediente, llevado adelante por los fiscales de Delitos Complejos provinciales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, trata de establecer si la administración de Seguridad de Sain espió de forma ilícita a dirigentes políticos, ex funcionarios, empresarios, sindicalistas y periodistas. De hecho, distintas publicaciones periodísticas echaron a la luz varios nombres de presuntas víctimas.

Hace varios días, el propio fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, admitió que en la dependencia de Seguridad “se estaba destruyendo información y documentación”, lo que impulsó las averiguaciones de los investigadores.