Espionaje ilegal: piden 11 años de prisión para Marcelo Saín, ex ministro de Seguridad de Santa Fe
El fiscal Ezequiel Hernández solicitó la elevación a juicio por la causa que investiga el armado de una asociación ilícita con el fin de realizar informes de inteligencia sobre políticos, empresarios, periodistas, policías y funcionarios judiciales.
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Ezequiel Hernández, fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Pública de la Acusación, pidió elevar a juicio al ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain y a seis ex funcionarios de la gestión de Omar Perotti, por la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, empresarios y policías, entre otros.
A Sain se lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita en violación de la Ley Nacional de Inteligencia 25.520, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes, instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba, violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
En este sentido, la Fiscalía pidió 11 años de prisión para el ex ministro de Seguridad y una inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.
Asimismo, el fiscal solicitó la pena de 9 años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos para Nadia Schujman, exdirectora de la Agencia de Control Policial, a quien le imputan el hecho de haber sido organizadora de la asociación ilícita.
La misma pena fue solicitada para Débora Vanina Cotichini, exjefa de Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI).
Por otra parte, para Germán Montenegro, exsecretario de Seguridad Pública del Ministerio, la Fiscalía solicitó una condena de 7 años de prisión por su presunta participación como miembro de la asociación ilícita investigada y otros cargos entre los que se encuentran: malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); abuso de autoridad por ejercicio y por dictado de órdenes contrarias a las disposiciones legales; destrucción de documentos y elementos de prueba.
También, para el exsubsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37), y el exsubsecretario de Control Institucional del Ministerio de Seguridad de la provincia, Diego Alfredo Rodríguez (44), el fiscal pide 5 años de cárcel e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
Además, para la excontratada por la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31), la Fiscalía pidió 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación para cargos públicos.
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