Imputaron a un médico y un enfermero por una presunta estafa millonaria contra PAMI
La Justicia Federal los acusa de facturar más de 36 mil prestaciones médicas que nunca habrían realizado. La investigación también detectó una presunta maniobra de lavado de activos vinculada con la compra de una vivienda.
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La Justicia Federal imputó a un médico cardiólogo y un licenciado en enfermería por una presunta defraudación contra el INSSJP-PAMI, a partir de la facturación de prestaciones médicas que no habrían sido realizadas. Se trata de M.G.A. y M.A.P., quienes ya habían sido detenidos e imputados en junio en Venado Tuerto por ejercicio ilegal de la medicina y suministro ilegal de fentanilo y morfina.
Según señalaron los fiscales federales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, el cardiólogo declaró haber realizado entre octubre de 2023 y octubre de 2024 un total de 36.085 prácticas médicas a 4.982 afiliados, entre ecocardiogramas, ergometrías y estudios Holter. Por esas prestaciones, PAMI le pagó $579.943.598,88, mientras que otras 14.546 prácticas informadas entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, por $147.974.775,68, no fueron abonadas luego de que se detectaran irregularidades.
La fiscalía reunió testimonios de afiliados de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires que negaron haberse atendido con el profesional y realizó cruces con registros migratorios, que indicarían que el médico no se encontraba en el país cuando se habrían realizado algunos de los estudios.
También se investiga la compra de una vivienda en junio de 2024, para la cual los acusados habrían utilizado documentación apócrifa y una sociedad constituida por ambos que no tendría actividad comercial real, con el objetivo de justificar el origen de los fondos.
En la audiencia realizada el 26 de agosto, el juez federal de Garantías Carlos Alberto Vera Barros fijó un plazo de investigación de seis meses, hasta el 25 de febrero de 2027, y dispuso que los imputados se sometan periódicamente al proceso y tengan prohibida la salida del país. La fiscalía calificó los hechos como defraudación en perjuicio de la Administración Pública, consumada y en grado de tentativa, y lavado de activos. El caso se desprende de la investigación que en junio derivó en allanamientos en Acebal y Wheelwright, donde fueron secuestradas 243 ampollas de fentanilo utilizadas y 50 ampollas de morfina, entre otros elementos médicos.
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