Imputaron a una partera por separar bebés de sus madres y entregarlos por dinero hace más de 50 años
La mujer de 88 años está bajo investigación tras la aparición de cinco casos que tuvieron lugar entre 1968 y 1980 en el Hospital Roque Sáenz Peña. Además, le adjudican haber inscripto a una de las víctimas como su hija.
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El Ministerio Público Fiscal imputó a una mujer de 88 años acusada de separar bebés de sus madres cuando trabajaba como partera en el Hospital Roque Sáenz Peña y entregarlos por dinero. Hay cinco denuncias bajo la lupa y también la investigan por supresión de identidad de su presunta hija, nacida en 1970.
Así lo confirmó la fiscal federal Soledad García de la Oficina de Criminalidad Económica y Trata de Personas del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos. Se trata de D. E. V., conocida con el apodo de “Dolly”, una exempleada del establecimiento de salud de Laprida al 5300.
La investigación se originó el 15 de abril de este año, a partir de la denuncia de una mujer que, al tener dudas acerca de su origen biológico en 2012, confirmó a través de un análisis que las personas que figuraban en su acta de nacimiento no eran sus padres biológicos y que su fecha de nacimiento había sido 13 días antes de lo documentado. Según declaró, la pareja que la crió le habría pagado una suma de dinero a la obstetra para acceder a su entrega.
A partir de una audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, la Fiscalía alegó que la partera “de manera sistemática entre 1968 y 1980”, separaba recién nacidos de sus respectivas madres biológicas y los vendía. Además, de acuerdo al relato, V. habría confeccionado en 1970 un documento de nacimiento con información falsificada sobre su supuesta hija.
El magistrado rechazó la prescripción propuesta por la defensa y le adjudicaron a la mujer los delitos de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor de diez años y por falsedad ideológica de instrumento público.
También, entregó el pasaporte, no puede salir del país ni mantener contacto con las víctimas y deberá presentarse cada 15 días ante la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.Por otro lado, ordenaron la extracción del ADN para corroborar si existe un vínculo biológico con los denunciantes.
La fiscal García brindó declaraciones al respecto y consideró que el accionar de la partera "produjo consecuencias jurídicas permanentes que hasta el día de hoy se mantienen inalteradas”. Luego, agregó: "Es un caso gravísimo el que se investiga en esta unidad fiscal, afectó derechos a la identidad y dignidad de esas personas”, evaluó la fiscal.
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