La Justicia aceptó la apelación del Gobierno por el financiamiento universitario, pero mantiene vigente la cautelar
El juez Martín Cormick concedió el recurso presentado por el Ejecutivo nacional y será la Cámara de Apelaciones la que defina si confirma o revoca el fallo. Mientras tanto, el Gobierno deberá seguir cumpliendo la medida judicial que exige aplicar la ley y garantizar fondos para las universidades, salarios y becas.
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La disputa judicial por la Ley de Financiamiento Universitario sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el juez federal Martín Cormick aceptara la apelación presentada por el Gobierno nacional contra la resolución que ordenó cumplir con la normativa. Sin embargo, el magistrado aclaró que la medida cautelar continúa vigente, por lo que el Ejecutivo deberá mantener las acciones exigidas hasta que se resuelva la revisión del caso.
Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, elevó la discusión a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Ese tribunal tendrá la responsabilidad de analizar los argumentos oficiales y decidir si ratifica o revoca el fallo de primera instancia. En paralelo, el juez dispuso que siga adelante el trámite para ejecutar el cumplimiento de la cautelar.
La resolución judicial exige al Gobierno nacional otorgar partidas para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas, recomponer los salarios de docentes y trabajadores no docentes y actualizar las becas estudiantiles. La ley fue promulgada en octubre de 2025, pero su aplicación continúa en el centro del conflicto entre las autoridades nacionales y la comunidad universitaria.
Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron el fallo y sostuvieron que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional”, además de comprometer el equilibrio fiscal. Entre sus argumentos, el Gobierno planteó que la implementación de la norma tendría un impacto presupuestario considerable y señaló que no se identificó una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar los gastos.
En ese sentido, el Ejecutivo advirtió que cubrir las obligaciones mediante reasignaciones presupuestarias podría comprometer una parte sustancial de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado. También reclamó que las normas sobre financiamiento universitario se interpreten en conjunto con la legislación que regula la administración y ejecución del gasto público. La definición de la Cámara será clave para determinar cómo continúa el litigio, aunque, por ahora, la cautelar sigue obligando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto por la Justicia.
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