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      JusticiaAñadir como fuente en

      La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario

      El juez federal Martín Cormick hizo lugar al amparo presentado por el CIN, universidades y docentes y ordenó al Gobierno nacional cumplir de inmediato con la ley 27.795. La resolución también alcanza al planteo de la UBA y cuestiona la condición que el Ejecutivo había agregado al promulgar la norma.

      6 de octubre de 2026 | 13:55
      La Justicia declaró inconstitucional el decreto que frenaba la Ley de Financiamiento Universitario
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      La Justicia federal declaró inconstitucional este martes una parte del decreto 759/2025 y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, quien hizo lugar al planteo de fondo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), distintas universidades y docentes, además del amparo de la Universidad de Buenos Aires.

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      El magistrado cuestionó específicamente el apartado del decreto que condicionaba la aplicación de la ley a la determinación de una fuente de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto. En su resolución, ordenó al Gobierno dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para cumplir con la legislación y le impuso las costas del proceso al Estado nacional.

      Sentencia sobre el planteo de fondo para el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario a favor las Universidades Nacionales.

      — UNR (@UNRoficial) October 6, 2026

      El conflicto se originó en 2025, cuando el Congreso sancionó la ley 27.795 y luego insistió con su aprobación por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras tras el veto de Javier Milei. El Ejecutivo finalmente promulgó la norma mediante el decreto 759/2025, pero incorporó la referencia al artículo 5 de la ley 24.629, utilizada para supeditar su ejecución a la existencia de partidas presupuestarias.

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      La sentencia representa un nuevo capítulo del conflicto judicial entre las universidades y el Gobierno, luego de distintas medidas cautelares dictadas durante el último año. En diciembre de 2025, el propio Cormick había ordenado provisoriamente aplicar la ley y actualizar partidas destinadas a salarios docentes y becas, una medida que luego tuvo otros avances judiciales.

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