La Justicia resolvió que no prescribieron los delitos atribuidos a la ex partera Dolly Viale
La Cámara de Apelaciones rechazó el planteo de la defensa de la mujer, de 88 años, acusada de supresión y alteración del estado civil y de la identidad de una menor y de falsedad ideológica. La investigación analiza un certificado de nacimiento con datos presuntamente falsos y otras denuncias vinculadas con posibles casos de identidad suprimida.
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La Justicia federal resolvió este miércoles que los delitos atribuidos a la ex partera rosarina Dolly Viale de Garrido, quien trabajó en el hospital Roque Sáenz Peña durante la década del 70, no están prescriptos. La decisión fue adoptada durante una audiencia de la Cámara de Apelaciones, en la que participaron además personas que buscan reconstruir sus orígenes biológicos y que aseguraron encontrar la firma de Viale en sus partidas de nacimiento.
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a la mujer haber confeccionado, durante su paso por el hospital de zona sur, un certificado de nacimiento en el que habría consignado datos falsos sobre los padres biológicos de una beba registrada como nacida en 1970. La investigación también contempla denuncias de otras cinco personas, entre ellas Silvina Garrido, quien fue criada como hija de la propia imputada y para quien se ordenó una extracción compulsiva de ADN con el objetivo de determinar si existe un vínculo biológico.
La defensa había solicitado que los delitos fueran declarados prescriptos, pero el planteo fue rechazado. El abogado Juan Singer, representante de dos de las denunciantes, había sostenido previamente que la prescripción no correspondía porque se trataría de un delito continuado: “Cada día a las 12 de la noche se reanudan los efectos perniciosos de ese delito y se vuelve a cometer”, explicó. También señaló que en los últimos días aparecieron nuevas personas que comenzaron a revisar sus partidas de nacimiento a partir de la difusión del caso.
La investigación judicial sostiene que Viale habría separado bebés de sus madres biológicas y los habría entregado a cambio de dinero de manera sistemática entre 1968 y 1980. La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por Carmen Quiroga y el expediente también incluye los casos de Ángeles Camarasa y de Silvina Garrido, entre otras personas que aseguran haber sufrido la supresión o alteración de su identidad. Según Singer, podrían existir alrededor de una docena de posibles denunciantes en Argentina y el exterior, aunque advirtió que el número podría ser mayor.
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