Muerte de Facundo Gorga en el Jockey: la Fiscalía descartó imputar a las máximas autoridades del club
Los fiscales consideraron que no hay pruebas de que los integrantes de la comisión directiva o el gerente general conocieran las fallas de seguridad en la pileta donde murió ahogado el nene en enero de 2024. La causa continúa contra cinco personas vinculadas con el funcionamiento y la supervisión directa de las instalaciones.
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La investigación por la muerte de Juan Facundo Gorga en la pileta La Dulce del Jockey Club de Rosario tuvo una definición respecto de las responsabilidades institucionales: la Fiscalía resolvió no imputar a las máximas autoridades de la entidad. La decisión fue tomada por los fiscales Valeria Piazza Iglesias y Matías Edery, y posteriormente revisada y convalidada por el fiscal regional Matías Merlo el pasado 2 de noviembre.
El planteo de la querella, que representa a los padres del nene, apuntaba contra integrantes de la comisión directiva, la comisión del country, la mesa directiva y el gerente general. Sin embargo, los investigadores consideraron que no existen elementos para demostrar que esas autoridades estuvieran al tanto de las deficiencias de seguridad en la pileta o que hubieran omitido tomar medidas que fueran de su competencia.
Entre los fundamentos, la resolución diferenció las responsabilidades de conducción institucional de las tareas operativas. Mientras que la comisión directiva y la gerencia general tenían a su cargo la organización, las pautas de funcionamiento y la asignación de recursos, la inspección técnica, la detección de desperfectos y las reparaciones dependían de la gerencia operativa, la intendencia y el personal de mantenimiento. Tampoco encontraron registros o comunicaciones que acreditaran que los directivos hubieran sido advertidos sobre la falta de protección del ducto que succionó las piernas de Facundo.
La Fiscalía también analizó tres episodios anteriores vinculados con problemas de succión en las instalaciones, pero entendió que ninguno permitía probar que las autoridades conocieran el riesgo. Además, consideró que el informe técnico elaborado por la Universidad Nacional de Rosario después de la tragedia incluía criterios que no estaban disponibles antes del hecho ni constituían exigencias reglamentarias vigentes.
La causa continúa contra cinco personas relacionadas con el funcionamiento y la supervisión directa de la pileta: guardavidas, intendentes del country y el gerente operativo. La querella, por su parte, podrá recurrir la decisión ante la fiscal general o continuar el proceso como querellante exclusivo.
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