El fiscal federal Diego Luciani pidió este lunes 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. En el marco de la última audiencia, el investigador judicial acusó a la expresidenta de ser la jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo Luciani.

Y añadió: “Nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.

La vicepresidenta, entre otros imputados, es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, una “organización criminal” que se dedicó a “la sustracción de fondos públicos” para beneficiar Báez.

En tanto, Luciani pidió el decomiso de los bienes y las ganancias producidas por ese dinero defraudado al Estado.

La Fiscalía solicitó también una condena de 12 años de prisión para Lázaro Báez, de 10 años para Julio de Vido, para José López y para el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años de prisión para Mauricio Collareda y también para Juan Carlos Villafañe; 5 años de prisión para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4 años para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro. Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.

El alegato de los fiscales concluyó este lunes en un juicio que comenzó en mayo de 2019 e investiga los perjuicios a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. Toda la maniobra, para la fiscalía, constituyó “la matriz de corrupción más extraordinaria que existió”, y los responsables de “instalar la misma fueron Néstor y Cristina Kirchner”. Fueron las palabras de Diego Luciani cuando inició su alegato el 2 de agosto.

Finalmente, el fiscal le contestó al presidente Alberto Fernández, a quien le atribuyó una “injerencia indebida” sobre el Poder Judicial. En ese sentido, le refutó la afirmación de que las decisiones políticas de gobierno no son judiciales y le respondió: “todos los actos del Poder Ejecutivo son revisables por el Poder Judicial”.

Además, le recordó que cuando fue jefe de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner “renunció al cargo de jefe de Gabinete fue lo que estaba ocurriendo con la obra pública en Santa Cruz”.