Profesionales del corretaje inmobiliario en alerta por los rumores acerca de la desregulación de la actividad: "Hablamos de una desprofesionalización"
la presidenta de COCIR, Gabriela Ortíz de Urbina, explicó la labor del profesional matriculado y porqué "desregular" el sector implica desproteger a la sociedad.
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Autoridades y representantes de instituciones inmobiliarias locales y provinciales se reunieron este viernes 15 de febrero en Rosario, en defensa del personal matriculado luego de que circularan en las últimas semanas, rumores de que el Gobierno tendría preparado un Decreto de Necesidad y Urgencia para desregular el sector.
En ese marco, la presidenta de COCIR (Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario) Gabriela Ortíz de Urbina, dialogó con el equipo de El Puente (Radio Mitre Rosario) acerca de la importancia de que el personal dedicado al Real Estate esté matriculado para no dejar “desprotegida a la sociedad”.
“La reunión fue para discutir el rumbo de nuestra profesión producto de los rumores acerca de la posible salida de un DNU para ‘desregular’ la actividad”, comenzó la titular del organismo.
Una medida que, entre los miembros del sector, la califican más como una desprofesionalización que como una desregulación.
En ese sentido, resaltó que alrededor de la medida hay un hermetismo tal que no logaron comunicarse con ningún representante del Ejecutivo Nacional para aclarar la veracidad de los rumores o los contenidos de la misma.
Por lo que no mantienen ninguna expectativa acerca de la situación. No obstante, advirtió las consecuencias que traería sobre el sector en caso de que la iniciativa sea real y prospere.
"En todo caso, el mayor miedo que puede provocarnos es la desprotección a la que se expondría la sociedad”, sostuvo.
Luego, respaldó la labor que se lleva a cabo desde las instituciones como el COCIR: “El colegio reúne, otorga y supervisa la matriculación de sus colegiados, pero sobretodo para garantizarle a la sociedad transparencia y seguridad a la hora de hacer una operación”.
“Le damos seguridad jurídica a todas las transacciones inmobiliarias. Eso es algo que para el Estado y el mercado tiene un costo cero”, concluyó.
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