Tres años de prisión en suspenso a Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente, por utilizar fondos públicos para gastos personales
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Romina Picolotti, ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre 2006 y 2008, fue condenada este lunes a tres años de prisión en suspenso y deberá devolver casi 7 millones de pesos al Estado por haber cometido el delito de defraudación en contra de la administración pública, al pagar gastos familiares y personales con fondos públicos.
La ex funcionaria actualmente está radicada en Miami y si bien no está obligada a volver al país, seguirá en libertad con la obligación de presentarse una vez al mes al consulado argentino en Estados Unidos.
Los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel le dictaron la sentencia por unanimidad, quienes además coincidieron en inhabilitar a Picolotti a ejercer cargos públicos de por vida.
De esta manera, el Tribunal Oral Federal 6 (integrado por los jueces antes mencionados) leyó la condena de tres años de prisión en suspenso, la devolución al Estado de 6.941.170 pesos, y presentarse al consulado una vez al mes.
El fiscal federal Diego Luciani había pedido que Picolotti fuera condenada a tres años y nueve meses de prisión y a devolver casi siete millones de pesos. En tanto, el abogado de la ex funcionaria de Néstor y Cristina Kirchner, Felipe Trucco, había solicitado la absolución.
“Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente: que yo no cometí delito alguno”, dijo Picolotti antes de conocerse la sentencia.
El fiscal acusó a la mujer de realizar “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no tenían nada que ver con su desempeño oficial. “Hubo un manejo absolutamente irregular de parte de Picolotti de los fondos públicos. Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, sostuvo el fiscal.
«La conducta de Picolotti distó muchísimo de los valores de integridad y ética que deben mantenerse en la administración pública, pero además constituyen un delito. Hubo un abuso discrecional del poder de administración, cuando la funcionaria tenía el deber de cuidar el patrimonio público», consideró Luciani.
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