De custodios a condenados: cuatro gendarmes sentenciados por abuso, robo y amenazas en Rosario
Un operativo sin justificación, un robo a una familia y una coacción bajo uniforme. El fallo federal marca un antes y un después: los cuatro efectivos deberán reparar económicamente a las víctimas y cumplir estrictas condiciones durante dos años.
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En una audiencia realizada este martes en los Tribunales Federales de Rosario, el juez con funciones de Garantía, Román Lanzón, homologó un acuerdo pleno entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y las defensas, mediante el cual condenó al funcionario de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) Santiago Hernán Romero a 2 años y 6 meses de prisión condicional, además de inhabilitación especial por el doble de tiempo.
La sentencia lo declaró coautor de abuso de autoridad y hurto agravado por haber sido cometido por un funcionario público, y autor de coacciones. El fallo se enmarca en un juicio abreviado, figura que agiliza los procesos penales cuando las partes acuerdan la pena.
El fiscal federal Federico Reynares Solari, titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, fue quien llevó adelante la acusación. Según la investigación, el hecho ocurrió el 22 de julio de 2025, a las 22.45, en inmediaciones de Bouchard y Servellera, en la zona noroeste de Rosario.
Aquella noche, Romero junto a los también gendarmes Alejandro David Pacheco, Carla Cecilia Santillán y Diego Emanuel Torales, detuvieron sin motivo legal a una familia —una pareja y sus dos hijos de seis años y siete meses—, los hicieron descender del vehículo y lo requisaron, pese a que ya habían sido identificados. Según la fiscalía, ese accionar constituyó un abuso de autoridad que afectó el correcto funcionamiento de la administración pública.
Durante la requisa, uno de los gendarmes sustrajo dinero del interior del vehículo y luego el grupo regresó a la camioneta oficial, retirándose del lugar “con el producto del ilícito”. Las víctimas denunciaron el hecho en un puesto de la GNA ubicado en Sorrento y Cullen, y horas después reconocieron a los uniformados cuando estos regresaron a la base de la fuerza en el Club Atlético Sparta, en Machain y Maciel.
El agravante fue que Romero intentó coaccionar a la familia: según el legajo, ofreció devolver el dinero a cambio de que desistieran de radicar la denuncia formal.
Por el mismo hecho, Pacheco, Santillán y Torales también fueron condenados en otro acuerdo abreviado a 2 años de prisión condicional y doble inhabilitación, como coautores de abuso de autoridad y hurto agravado.
Además, los cuatro deberán abonar $50.000 a las víctimas en concepto de reparación económica y cumplir reglas de conducta durante dos años, entre ellas fijar domicilio y comunicar cualquier cambio, someterse al control del Patronato de Liberados y abstenerse de acercarse o contactar a las víctimas por cualquier medio.
Inicialmente, el expediente había sido tramitado en la Justicia Provincial, pero el MPF logró que se reconociera la competencia federal. En una audiencia realizada el 5 de agosto, el juez provincial de Garantías remitió el caso al fuero federal, tras la solicitud del fiscal Reynares Solari.
El fiscal destacó que este fallo representa “un cambio de temperamento institucional”, al señalar que “el Ministerio Público Fiscal va a defender, cuando corresponda, la competencia federal y su capacidad de intervenir en múltiples conflictos”.
De este modo, el caso no solo pone en evidencia una grave violación a los deberes de funcionario público, sino que también abre un precedente sobre la intervención del fuero federal en casos de corrupción y abuso cometidos dentro de las fuerzas de seguridad.
El episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de revisar los protocolos de actuación y control interno dentro de la Gendarmería, en un contexto donde la confianza pública en las instituciones depende, más que nunca, de la transparencia y la rendición de cuentas.
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